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Manipulación del contador y sus consecuencias

Seguramente todos habréis escuchado eso de “estar enganchado a la luz” o “tener puenteado el contador” para no pagar luz o pagar mucha menos de la que consumes.

Hay hasta “técnicos” especializados en realizar puentes de cobre en los nuevos contadores inteligentes, con lo que el consumo se podría reducir a la mitad, puesto que la energía que consumimos pasaría a través del puente de cobre al entrar al contador y parte de ella no sería leída por la bobina de la que dispone el contador para hacer la lectura.

Bueno, imagino que ya lo sabréis, pero esto es un delito.

Hay quien aún a pesar de saberlo, pensará que es una buena idea para ahorrar unos euros en la factura de la luz, pero creedme, os puede salir muy caro.

Las empresas distribuidoras se han cubierto las espaldas ante este tipo de fraude, como es lógico, por lo que tienen instalados unos totalizadores de zona, con los que pueden acotar rápidamente dónde se está cometiendo el delito al ver que no coincide el total con los consumos que han enviado los contadores.

A simple vista normalmente también pueden detectarlo, por lo que recomendamos encarecidamente no realizar este tipo de prácticas y simplemente contactar con vuestra comercializadora para que os asesoren de cómo podemos ahorrar energía, elegir la tarifa que más ahorro nos dé con nuestros hábitos de consumo y ajustar la potencia contratada a no más de la necesaria.

 

 

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¿Cuáles son las consecuencias de manipular el contador?

Según el artículo 255 de la Ley Orgánica 15/2003, la manipulación de los equipos de medida y control está tipificada en el Código Penal como un delito.

Las multas pueden rondar entre los 1000€ y los 2000€.

Otra de las consecuencias de este tipo de prácticas es que encarecen el coste de las facturas del resto de los consumidores, porque si algo debemos tener claro, es que las grandes distribuidoras (como la banca) nunca pierden. Hay una parte de la factura, en el coste de la energía, donde todos pagamos las pérdidas de la red.

La CNMC ha cuantificado en 150 millones de euros el sobreprecio que provocan los fraudes.